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Las comunidades nativas y la minería: Las razones detrás de un paro minero en Madre de Dios
FENAMAD 16 de marzo del 2012.-
1.- Antecedentes
Antes que se emitan los decretos legislativos N° 1100, 1101, 1102 y 1103, las 10 comunidades indígenas bases de FENAMAD plantean al Gobierno Central una serie de propuestas de solución al problema provocado por el DU N° 012-2010-PCM sin obtener resultado favorable. Una parte de las propuestas de solución, a través de FENAMAD, las comunidades indígenas han presentado, tanto al gobierno central como regional, una propuesta de Ley para regular la actividad minera en sus territorios bajo el título de “Régimen Especial sobre actividades mineras en territorios comunales”, propuesta que no ha respondido el gobierno central porque considera “no viable” desde la perspectiva de la cosmovisión occidental, ya que hace prevalecer sus ideas impositivas o simplemente no tiene la voluntad política de solucionar el problema minero de los pueblos indígenas de Madre de Dios.
Informamos a las 10 comunidades indígenas que se dedican a la actividad minera aurífera en sus respectivos territorios sobre el otorgamiento de facultad al Poder Ejecutivo por el Congreso de la República para combatir, a través de leyes, a la pequeña minería y minería artesanal. Actividad que vienen desarrollando, desde hace varias décadas, en el contexto de la economía del mercado que responde a las necesidades básicas de nuestra realidad socio-cultural y económica.
Como se esperaba, el primer Decreto Legislativo N° 1100, con fecha de 18 de febrero del presente año, indica que “regula la interdicción de la minería ilegal”, que afecta indistintamente a la minería de pequeña escala. Y, posteriormente, los demás decretos han emitido, criminalizando y penalizando la actividad minera, cuando se inicia el paro indefinido, a partir de 05 de marzo, ocasionando más reacción e indignación a los actores directos.
Ante esta situación, tanto mineros como indígenas, han socializado y acordado en hacer el paro indefinido a nivel regional de Madre de Dios; paralelamente, las demás regiones del país anunciaban hacer un paro; pero, suspendieron las medidas de lucha, y solo, en la región de Madre de Dios se han mantenido una posición firme de las medidas de lucha contra los decretos legislativo que atenta el trabajo digno de cientos de personas que benefician directo e indirectamente de la generación de la economía de mercado.
Al margen de lo que puede haber diferentes realidades en interior de los sectores sociales afectados, existen dos actores principales que tienen sus propias plataformas de lucha. Mineros e indígenas.
Particularmente, los indígenas no somos defensores del medio ambiente, tal como califican algunos medios de comunicación nacional como regional sino han respondido a la realidad socio-económica de sus respectivas comunidades y pueblos indígenas. Las comunidades están dentro del sistema organizativo nacional, forman parte del Estado peruano con sus derechos diferenciados porque la legislación ha reconocido como tal.
En realidad, las comunidades indígenas no están apoyando a los mineros sino defienden su trabajo, caso contrario estarían limitados a un desarrollo sostenible.
2.- La idea central de los decretos Legislativos
La legislación minera está orientada a desaparecer la minería dedicado por los pobres poniendo trabas, reflejado con una serie de requisitos que no pueden lograr en unos años; es decir, por más que se esfuerce en obtener la autorización por la autoridad competente, no viabiliza y se pretende extinguir el derecho de concesión minera, así pueda pasar al dominio del Estado para ofrecer a las grandes empresas con el pretexto de que ellos si pueden pagar tributos, cuando en realidad tienen un trato especial.
El gobierno de Ollanta está ofreciendo, al igual que el régimen de Perro de Hortelano, a empresas transnacionales, tierras de las comunidades nativas otorgando concesiones en el mismo sitio que superpone derechos territoriales lo que genera problemas y conflictos sociales. El señor Ollanta llega al gobierno encubierto de nacionalista, y hoy nos decepciona con su actitud contraria a su propio pueblo que le dio el poder político para que nos conduzca a un buen camino y usa ese poder para quitarnos nuestros recursos naturales que nos sirve para seguir desarrollando nuestro actividades económicas y el mejoramiento de calidad de vida.
3.- ¿Tenemos derecho a trabajar minería?
Es un mito decir que las comunidades nativas están a favor de la minería ilegal y la formalización, y que son propiciadores de la depredación de sus territorios, cuando desde siempre lo venimos cuidando y ahora lo defendemos de la intención gubernamental de legalizar las numerosas concesiones otorgadas a colonos mineros al interior de las comunidades nativas.
Muchas personas comunes y corrientes, así como numerosas autoridades, miembros de instituciones privadas, ONGs y un sinnúmero de profesionales de los diferentes medios de comunicación, desde hace muchos años atrás, vienen manejando un falso concepto sobre la FENAMAD y las comunidades nativas que realizan la pequeña minería y minería artesanal en sus territorios; estas personas por desconocimiento de la realidad, se plantean una pregunta muy simplista que no explica el contexto en forma integral, y dicen, cómo es posible que las comunidades nativas de la región Madre de Dios que siempre han luchado por la defensa de los recursos naturales, pueden hoy estar participando en una medida de lucha junto a los mineros informales e ilegales que son los que están provocando daño al medio ambiente, llegando a decir que la FENAMAD maneja doble discurso y es hipócrita.
Ante esta circunstancia, es pertinente explicar con claridad que, son los diferentes gobiernos de turno de las últimas décadas quienes han propiciado y generado el problema minero en las comunidades nativas al otorgar derechos mineros a colonos, abarcando en muchos casos hasta el 100% de sus territorios, por consiguiente estamos condenados a desaparecer.
En su oportunidad el DU 012-2010, y ahora los últimos Decretos Legislativos han dejado fuera de la zona minera a las 10 comunidades, por lo tanto están consideradas como ilegales, a pesar que trabajan en la actividad aurífera más de 30 años.
Esta situación se agrava, cuando con el famoso Decreto Legislativo 1100, el Gobierno dispone la formalización de estos petitorios o concesiones otorgados a terceros, tal como leemos en la cuarta disposición final del Decreto Legislativo 1100, que manifiesta que estos derechos otorgados o solicitados en el departamento Madre de Dios, antes de la vigencia del Decreto de Urgencia (012-2010) podrán realizar la actividad minera.
Esto significa que el Gobierno va a formalizar a terceros en la mayor parte de nuestros territorios comunales titulados, quitándonos ese derecho a los dueños legítimos, agravado esto con el Decreto Legislativo 1102, que incorpora el Artículo 307-B al Código Penal, el cual penaliza con 8 a 10 años de cárcel a los que realicen la actividad minera en comunidades nativas. Esto significa cero minería en comunidades nativas, cuando todos saben que nosotros desarrollamos la minería artesanal y pequeña minería desde hace muchas décadas, y esta actividad forma parte de nuestra economía familiar, ya que, no solo nos alimentamos de yuca y suri, sino que tenemos la responsabilidad de educar a nuestros hijos, en colegios y universidades, curarlos de enfermedades, vestirlos, etc.
Si bien es cierto el día 12 hemos participado de una iniciativa de dialogo con el Gobierno Nacional, en la cual, pese al retiro de los representantes mineros de la FEDEMIN, las comunidades decidimos dialogar con la finalidad de poner en agenda la problemática minera en CC.NN, solicitando llegar a acuerdos concretos respecto al establecimiento, por parte del gobierno, de un tratamiento especial a la problemática de las comunidades indígenas para formalizar sus actividades mineras.
La propuesta de las comunidades nativas es honesta, clara y transparente, y propone que el gobierno mediante un dispositivo legal emita un Régimen Especial, (propuesta presentada el año pasado por la FENAMAD a las autoridades regionales y nacionales) el cual contempla la ejecución de un estudio de microzonificación ecológica económica, en razón a la cual se otorgue un área máxima equivalente al 15% del territorio comunal, que sería incorporado al corredor minero, para que solo los indígenas como legítimos propietarios titulados de sus territorios, formalizados puedan desarrollar esta actividad.
Como puede darse cuenta el lector, con esta propuesta, los indígenas estamos contribuyendo y aportando soluciones al problema minero para que nuestras tierras que ya fueron cuadriculadas y entregadas, en gran parte, a los colonos, no sea formalizada, ya que atenta y amenaza en convertir en área minera gran parte de nuestros territorios, atentando y promoviendo su desaparición.
Al estar las intenciones de la Comisión de Alto Nivel muy lejanas a nuestra propuesta, no se pudo llegar a acuerdos concertados en el acta suscrita con la FENAMAD, ya que estos funcionarios argumentan que la ley va a prevalecer, y se respetara los derechos adquiridos de los colonos, formalizándolos. Frente a esta posición, dejamos en claro que lo que busca el gobierno es la formalización de la totalidad del territorio comunal y en vez de frenar la presión y la depredación; caso contrario, esta continuará propiciando que las tierras de las CCNN se conviertan en desiertos, ocasionando finalmente la desaparición de las comunidades.
Para concluir, cabe manifestar que los diferentes gobiernos, en su oportunidad, nunca se han preocupado en solucionar los problemas mineros de las comunidades, pero en cambio a las grandes mineras si les otorga las facilidades para que sean legales, quisiéramos preguntar al gobierno actual qué tipo de inclusión es esa. Hoy con el corazón enlutado por la muerte de un hermano indígena, solicitamos al Gobierno actuar con mayor tino en la solución de estos problemas sociales.
